Establece y crea un Plan Federal de Capacitación obligatorio, continua y permanente en derechos de las niñas, niños y adolescentes, Para todas las personas trabajadoras que se desempeñen en los tres poderes del estado que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Principios rectores

 

a) Velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño y por las disposiciones de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

 

b) Generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones;

 

c) Promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva;

d) Propiciar la perspectiva de género y diversidades;

 

e) Recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de derechos de las infancias, a través de las autoridades administrativas o judiciales que intervengan cuando se solicite de manera fundada, procurándose la reserva de identidad de la persona denunciante y la protección de su integridad.

 

La autoridad de aplicación de la ley es la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en el marco del CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (COFENAF), que trabajará en conjunto con el Ministerio de Justicia, de Educación y Universidades Nacionales.

 

Entre los contenidos obligatorios que deberán constar en el Plan Federal de Capacitación debidamente actualizados, además de la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia son:

 

Atender a las distintas realidades institucionales y territoriales de cada provincia de nuestro país y recomendar la formación orientada a contenidos que resulten pertinentes para el organismo.

Las herramientas didácticas y pedagógicas para la generación de espacios de reflexión sobre las concepciones sociales y culturales de las infancias a fin de deconstruir distintos tipos y modalidades de violencia.

La promoción del derecho al juego y al esparcimiento en espacios comunitarios.

El deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público. 

 

Se deberán generar materiales didácticos de información, vinculadas a la promoción y efectivo goce de los derechos de las infancias y adolescencias en los distintos ámbitos comunitarios, educativos y familiares. Y a su vez,  realizar campañas de concientización en todos los medios de comunicación cuya finalidad sea la promoción y defensa de los derechos de las infancias y adolescencias y el buen trato en la vida cotidiana. 

Personas obligadas:

 

 -Todas las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Específicamente de acuerdo a la reglamentación  personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cualquiera fuera la modalidad de contratación y/o relación, independientemente del régimen estatutario al que pertenezcan. 

 

 -Agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.