Un nuevo Ni una menos.
Las muertes de mujeres no bajan, se suman los crímenes de odio.
Las políticas no alcanzan y una de nosotras muere cada 35 horas.
En el año 2023, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), “hubo 250 víctimas directas de femicidio, un 10,6% más que en 2022, cuando se registraron 226 casos.” Además, el informe recientemente publicado agrega que “de las 250 víctimas directas de femicidio, 245 eran mujeres cis y 5 eran mujeres trans/travestis” y que 219 personas –en su mayoría niños, niñas y adolescentes– estaban a cargo de las víctimas1.
Las diputadas y los diputados expresan su preocupación por las violencias por motivos de género a través de sus proyectos. En la HCDN actualmente tienen estado parlamentario 88 proyectos que buscan legislar sobre violencia contra las mujeres y LGTBIQ+, el 90% de ellos fueron presentados por diputadas, mientras que el restante 10% fue presentado por diputados. 67 son proyectos de ley, mientras 20 son proyectos de resolución y 1 de declaración.
De la totalidad de los proyectos vigentes, 56 fueron presentados en el año 2023 y 32 en 2024. La gran mayoría tiene como comisión cabecera Mujeres y Diversidad, también han sido girados a Legislación del Trabajo, Asuntos Constitucionales, Legislación Penal y Justicia, entre otras.
Entre los diversos aspectos que abordan, se encuentran los que proponen declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género, modificaciones a la Ley N° 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, vigente en nuestro país desde el año 2009, que van desde la inclusión de tipos y modalidades, hasta una mirada interseccional, pasando por el trámite judicial.
Muchos de estos proyectos de ley buscan darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, conocida como “BELÉM DO PARÁ” (1994) que es ley vigente en nuestro país desde 1996.
Otros buscan facilitar el acceso a la justicia para las víctimas y en la detención de los victimarios, y el establecimiento de reparaciones de distinto tipo. También se encuentran proyectos relativos al trabajo con personas responsables de delitos violentos. Finalmente, se hace foco en la implementación de campañas de concientización, especialmente para candidatos y candidatas electorales.
Desde el Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria actualizamos nuestro compromiso en defensa de una vida libre de violencias por motivos de género para todas las mujeres y LGBTIQ+ a través de nuestro trabajo en la Cámara.
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