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perspectiva de género?

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL TRABAJO LEGISLATIVO

Esta guía se propone hacer un aporte a la igualdad de género en los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales de Argentina, con el reconocimiento de que cualquier forma de desarrollo sostenible con igualdad social requiere situar a las mujeres y los hombres en un pie de igualdad. La igualdad de género es un pilar fundamental en un Estado democrático y los poderes legislativos son instituciones clave para favorecerla.

Publicación realizada por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) en Argentina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Argentina, y es el resultado del trabajo de un equipo técnico de profesionales.

Guía completa

 

MÓDULOS

La guía consta de cuatro módulos interrelacionados, pero de lectura independiente. Cada módulo es una unidad en sí y puede ser comprendido sin necesidad de haber leído los demás.

MÓDULO 1

“El sistema de género: conceptos”, presenta definiciones y referencias básicas. Asimismo, discute por qué la igualdad de género es relevante para la labor legislativa y requiere del trabajo mancomunado de legisladoras y legisladores. Finalmente, brinda razones para adoptar un enfoque de género en el Poder Legislativo.

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MÓDULO 2

“Comenzar por casa”, está centrado en la organización interna de los poderes legislativos, y pone en discusión aspectos relativos a su estructura y cultura organizacional. El módulo sugiere medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, de trato y de resultados entre legisladoras y legisladores. Discute posibles sesgos de género en las reglas y los procedimientos, el lenguaje institucional, la infraestructura y los horarios, la división temática del trabajo según género, y el acceso a cargos de autoridad.

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MÓDULO 3

“Legislar con estrategias, instrumentos y enfoque de género”. Presenta la estrategia de transversalización de género y su relevancia para la discusión, elaboración y evaluación de legislación y políticas públicas. En particular, se plantea qué es la transversalización de género, de qué manera puede colaborar con la misión del Poder Legislativo y cuáles son los pasos para ponerla en práctica.

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MÓDULO 4

“¿Cómo seguir avanzando?”, pone en debate temas del mundo del trabajo y de la economía, la política y la toma de decisiones, y la problemática de la violencia contra las mujeres. Estas cuestiones no agotan el debate ni completan el menú de las políticas públicas de género, pero son fundamentales para una mayor igualdad en nuestras sociedades.

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Guía para el uso de lenguaje no sexista e igualitario en la HCDN

El objetivo de esta guía es entonces proponer una serie de herramientas que permitan incorporar un lenguaje oral y escrito que construya, represente, describa y exprese la igualdad de oportunidades para la diversidad de géneros con enfoque de derechos en la gestión parlamentaria.

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LEY MICAELA (27.499) Y SU APLICACIÓN DENTRO DE LA HCDN


La norma establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todas las personas que desempeñan la función pública en todas sus estructuras y jerarquías. Abarca a los tres poderes del Estado.

¿Qué implica la ley?

Formación y capacitación en perspectiva de género para todas las personas que desempeñen la función pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.

La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
Cada organismo desarrollará su plan de capacitación y deberá validarlo con el Instituto Nacional de la Mujeres. Este organismo también será el encargado de brindar las capacitaciones a las personas que se encuentren desempeñando altos cargos.

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Todas las personas que se desempeñen en el Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

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LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (26.485)

Tiene como objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho a vivir sin violencia; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; la asistencia integral a las víctimas de violencia, entre otros.

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LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO (26.743)

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.

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LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO (26.618)

El artículo 2 de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil (2010), conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario, establece que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El cambio más importante se dio sobre el artículo 172, que definía al matrimonio entre «hombre y mujer».

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LEY DE PARIDAD DE GÉNERO EN ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA (27.4129)

La Ley de Paridad de Género 27.412 modificó algunos artículos del Código Electoral, principalmente el artículo 60 bis, referido a los requisitos para la oficialización de las listas. La norma es simple y se limita a ordenar que "las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente".

Complementrariamente, la ley establece que cuando hubiera que reemplazar un legislador, la persona que lo reemplace debe tener el mismo género que la reemplazada. En las elecciones internas de los partidos políticos y alianzas deben cumplir con los mismos requisitos, tanto para elegir candidatos para cargos legislativos, como autoridades partidarias. En caso de que un partido político no respete la paridad de género y haya sido intimado a cumplirla, la sanción establecida por la ley es la caducidad de la organización política.

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Indicadores nacionales de género

El Observatorio Nacional de Violencia Contra las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, pone a disposición un conjunto de indicadores nacionales de género que dan cuenta de diversos aspectos que actúan como condicionantes en la vida de las mujeres.

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Plan Nacional Para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres


El Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, presenta el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019).

Las claves del nuevo Plan Nacional para la erradicación de la violencia contra las Mujeres giran en torno a:


1. La educación para la igualdad y la perspectiva de género, que se sumará a las aulas desde la primera infancia hasta la Universidad incluida;

2. Campañas masivas para la concientización y la difusión de la línea telefónica 144

3. Red Nacional de Hogares de Protección: construcción de 36 Hogares para las mujeres y sus hijas e hijos;

4. Línea 144-Gratis, las 24 hs, los 365 días del año; ampliación del equipo de profesionales y seguimiento de casos;

5. Protección para las mujeres: tobilleras electrónicas en los agresores para el cumplimiento de medidas de restricción y una aplicación de alerta para celulares;

6. Acceso a microcréditos para que las mujeres logren su autonomía económica;

7. Estadísticas oficiales y actualizadas para conocer mejor las cifras de la violencia y mejorar las políticas públicas;

8. Capacitación a equipos de atención para garantizar una respuesta adecuada;

9. Impulso a la creación de áreas mujer y observatorios de violencia en todo el país.

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Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2018-2020)

El objetivo del Plan es generar las condiciones para que todas las todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas posibilidades de acceder y ejercer sus derechos y desarrollar su proyecto de vida libremente.

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Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de género en el ámbito del Poder Legislativo Nacional

Tiene por objetivo prevenir y erradicar la violencia en el ámbito laboral, garantizando un ambiente libre de discriminación por cuestiones de género, identidad de género, orientación sexual, clase, etnia, nacionalidad, religión, discapacidad, razones políticas y/o sindicales o de cualquier otro tipo en el ámbito del Poder Legislativo Nacional.

Luego de un intenso trabajo que contó con la colaboración de múltiples áreas expertas en el tema como la Mesa de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), la Secretaría Administrativa envío un borrador final de Reglamentación del Protocolo a todas las áreas involucradas en el protocolo. Dicho borrador se encuentra ahora bajo estudio de las distintas partes firmantes de la Resolución Conjunta del Congreso de la Nación N°0014/18.

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