¿De qué se trata?
Incorpora como modalidad la violencia digital a la ley integral de protección contra la violencia hacia las mujeres (N° 26.485), a los fines de garantizar el derecho a un espacio digital libre de violencias.
Entiende por violencia digital “toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo el familiar. En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en espacio digital.”
Algunas manifestaciones posibles de este tipo de violencia:
-Obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez.
-Reproducción en el espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas.
-Situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual.
-Accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea.
-Robo y difusión no consentida de datos personales.
-Acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y comunicación, o cualquier ciberataque.
Crea un equipo multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible en todo el país destinado a dar contención, información y el la con les brindar asesoramiento sobre recursos existentes en mate ria de prevención de la violencia contra las mujeres Y asistencia a quienes la padecen.
Esta ley también contempla la posibilidad de ordenar a las plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas la eliminación de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia digital.
¿Para quiénes?
Todas las mujeres o personas LGTBIQ+ que utilicen y/o transiten en ámbitos digitales. Tiene derecho a asistencia jurídica especializada de manera gratuita.